18 años de dolor, después del feriado bancario



En la Asamblea Nacional, acabamos de aprobar una Ley Orgánica para reparar los derechos de miles de ciudadanos que, después de 18 años, todavía sufrían las funestas consecuencias del feriado bancario del año ‘99, que tantas pérdidas y tragedias provocó.

Es nuestra obligación como legisladores cerrar definitivamente este capítulo corrupto de nuestra historia, y también lo es garantizar que no se repita nunca más.

Porque cuando hablamos de la banca cerrada, debemos saber que el feriado no se originó por una crisis internacional o por la baja en el precio del petróleo, sino que fue producto de una alianza corrupta entre el poder financiero especulativo y el poder político, con la triste complicidad del viejo Congreso, para socializar las pérdidas de la banca y hacer que todos pagáramos sus malos manejos. Fueron los diputados de la derecha, junto a la Asociación de Bancos Privados y en alianza con los grandes poderes mediáticos y económicos, los que paso por paso tejieron una red doble, por un lado para atrapar los ahorros y los sueños de las familias ecuatorianas, y por otro lado, para caer bien parados ellos y con los bolsillos muy llenos.

Fue mediante leyes que se estableció la desregularización del sistema financiero para que los bancos “cuidaran” de los depósitos ciudadanos sin control alguno; se aprobó que el Banco Central entregara préstamos millonarios para darle liquidez a los bancos privados que manejaban mal sus finanzas; y se garantizó mediante una ley la cobertura sin límite. Estas leyes marcaron el camino para que fuera un gran negocio en el país quebrar un banco, o mejor aún varios, porque pagábamos los ciudadanos, de manera directa con el feriado bancario, o de manera indirecta a través del Estado.

Y así los ecuatorianos nos encontramos con un país que, de la noche a la mañana, había perdido casi todo su capital público y los ahorros familiares de cientos de miles de compatriotas, porque banqueros y diputados corruptos apostaron con plata ajena a una ruleta arreglada y ganaron.

La quiebra y el feriado bancario, no se pueden contar en millones de sucres o dólares. No fue únicamente dinero o intereses, fueron millones de vidas las damnificadas de una u otra manera, porque entonces vivimos realmente una guerra económica, que dejó devastado al país.

Si alguna época ejemplifica cómo se aplican las políticas neoliberales que favorecen NO al ser humano sino exclusivamente al capital, es la de la quiebra del ´99, que le costó al país más de 20.000 millones de dólares.

En circunstancias tan claras como ésta, es que nos vemos tal cual somos.

Porque no podemos olvidar que el feriado tuvo claros beneficiarios, tanto en lo político como en lo económico. Luego de la quiebra bancaria, los bancos que sobrevivieron al naufragio quedaron con capitales fortalecidos y hasta con nuevos bancos fuera del país, mientras las familias quedaron estafadas. Y luego de 18 años, algunos de esos rostros siguen dedicados a la política sirviendo a los mismos amos, dispuestos a firmar y votar por todo lo que beneficie al capital especulativo y a sus bolsillos.

Pero en esta Asamblea ya no son los poderes financieros especulativos los que tienen la palabra, sino la ciudadanía, que se acercó a explicarnos los problemas que persistían, con la certeza de que acudían ante sus representantes y no ante los agiotistas. Y cumplimos como siempre, ante las demandas del pueblo.

Y a los representantes de esa banca corrupta y a los políticos de su yunta, les decimos que no vamos a olvidar sus actos, mucho menos ahora, que el pueblo soberano y digno del Ecuador le ha dicho NO a los paraísos fiscales adonde fueron a parar los dineros que nos robaron. Una vez más un país pequeño, pero de corazón enorme, le enseña al mundo que es posible un cambio, que el capitalismo salvaje no es una opción ni para la humanidad ni para el planeta.

En estas semanas vamos a aprobar la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017. Desde ahora en Ecuador, si alguien quiere ser servidor público o ejercer un cargo de designación popular, debe renunciar a sus cuentas en paraísos fiscales, demostrarle al país que quiere servir al pueblo y no servirse de los dineros del pueblo.

Y ahí otra vez el pueblo verá quién es quién. ¡Nunca más evasores en la función pública! ¡Nunca más candidatos que fugan capitales a guaridas de la corrupción!