Presentación de la Escuela de Formación Política «Leonidas Proaño» y ELAP 2017.

Gabriela Rivadeneira

Asambleísta Nacional del Ecuador y Secretaria Ejecutiva (más…)

Hace poco señalaba que “sin sus batallas emblemáticas, la Revolución Ciudadana no es nada, se convierte en una cáscara vacía”. Habría que agregar que sin sus obras emblemáticas, tampoco. Sin la formidable inversión pública que caracterizó a la última década, sin los hospitales, escuelas, hidroeléctricas, carreteras, etc., sin las políticas de inclusión y redistribución, estaríamos hablando apenas de buenas intenciones, de retórica progresista, simpáticos enunciados pero carentes de sustento. En otras palabras, estaríamos hablando desde la comodidad de una izquierda testimonial, anclada en la denuncia de las injusticias y sin compromiso efectivo con la superación de las mismas.

Precisamente, uno de los rasgos de nuestro proceso político ha sido el sentido de responsabilidad y la coherencia de sus propuestas en relación con los reclamos y las promesas que supo encarnar desde sus orígenes. Las batallas ideológicas, las disputas por el sentido, el discurso de la Revolución Ciudadana no han girado en el vacío, sino que han estado siempre acompañadas de realizaciones, obras y gestión que marcaron una ruptura radical con respecto al pasado reciente.   

Las batallas y las obras, por lo tanto, han sido inseparables: ambos aspectos forman una unidad. No pueden entenderse unas sin las otras. Por eso, quienes apuntan contra ellas de manera sistemática y generalizada, buscan atacar el corazón de la Revolución Ciudadana. En estos tiempos tan “dialoguistas” y “convivenciales”, en medio de tantas loas a la concordia y tanta descalificación simplista de la disputa político-ideológica, conviene traer a la memoria el momento fundante de nuestro proyecto político, cuando para todos estaba claro que para poder hacer las obras que la ciudadanía demandaba, para comenzar a saldar la deuda que el Estado tenía con la sociedad, con sus grandes mayorías sociales, era necesario dar sin titubeos ciertas disputas básicas.

Sin ir más lejos, sin las batallas que permitieron renegociaciones de la deuda externa y los contratos petroleros a favor del Estado ecuatoriano, sin vencer las resistencias que implicaba afrontar la tarea de fundar una fiscalidad seria y progresiva, no hubiera sido posible la inversión pública que posibilitó las grandes transformaciones en infraestructura energética, vial, educativa y sanitaria que se impulsaron estos años.

¿Por qué volver sobre esto? Porque ahora que en la política y la prensa reinan la concordia y el consenso absoluto, todos los días nos despertamos con mensajes irresponsables, superficiales y tremendamente injustos acerca de las realizaciones de la década pasada y nos vamos a dormir con la vieja cantinela anticorreísta de la partidocracia, como canción de cuna.

Evidentemente, es más fácil destruir que construir. En apenas unos meses se puede tirar abajo lo que nos costó años levantar. Sería una pena que la principal obra de un gobierno votado por la ciudadanía como expresión del proyecto político de la Revolución Ciudadana acabara siendo la construcción de un relato de descrédito y desmoralización acerca de los logros colectivos más importantes de la década. Nos ha costado mucho esfuerzo como sociedad levantar un país de sus ruinas, construir institucionalidad e infraestructura como para darnos el lujo de ponerlo todo en entredicho, arriesgando lo construido sólo para “renovar imagen”, “marcar diferencias” y darles el gusto a nuestros antagonistas de siempre.

La reflexión en torno a la obra pública del ciclo más revolucionario de la historia ecuatoriana no puede ser abordada con superficialidad, desde el oportunismo ni desde los prejuicios sembrados sistemáticamente por la derecha opositora todos estos años, para la cual todo ha sido derroche. Es obvio que fueron muchos los sectores resentidos con el cambio de rumbo planteado por la Revolución Ciudadana, esos mismos sectores que habían mantenido capturado el Estado durante décadas para sostener y expandir sus redes de negocios. Haber establecido protocolos y criterios que permitieran una adecuada identificación de la necesidad de una obra, su planificación, gestión presupuestaria y seguimiento GPR (gobierno por resultados), que contemplaran la puesta en marcha y sostenibilidad de los proyectos constituye una conquista de todos los ecuatorianos.

Recordemos las dos demandas sociales fundamentales, íntimamente ligadas entre sí, que marcaron el nacimiento y los compromisos fundamentales de nuestro proyecto político: 1) la necesidad de ampliar la participación ciudadana para recuperar el Estado y la política al servicio de las grandes mayorías, para lo cual se convocó a la Asamblea Constituyente y a consultas populares, y 2) la importancia de quebrar la asociación espuria entre política y negocios de la que las redes de corrupción institucionalizada forman parte.

En ambas tareas, es mucho lo que hemos avanzado y también es mucho lo que queda por hacer, aunque algunos prefieran suscribir la matriz de opinión restauradora del pasado que una oposición cerrada, hostil al cambio y defensora de sus mañas y privilegios tradicionales ha querido instalar desde el primer día de la Revolución Ciudadana.

Fue nuestro gobierno el que desmanteló la corrupción institucionalizada con la que se topaba cada ciudadano al momento de realizar el más simple trámite. La transformación del SRI y del Registro Civil, el cierre de las universidades de garaje que representaban una estafa para los jóvenes y un gran negocio para empresarios inescrupulosos, las hidroeléctricas que al fin lograron quebrar el negociado socialcristiano de las barcazas son todas conquistas colectivas de la ciudadanía que significan mayor transparencia, menos corrupción, más institucionalidad y que fueron alcanzadas durante esta década, hoy tan cuestionada por los detractores habituales a los que inesperada e inexplicablemente se han sumado algunos que hasta ayer considerábamos compañeros. ¿Acaso todo esto no es lucha contra la corrupción?   

Está claro que debemos seguir combatiendo la corrupción en la función pública, buscando más y mejores mecanismos para impedirla y sancionarla. Ha sido nuestro gobierno el primero en actuar para que los hechos de corrupción no queden, como ocurría en el pasado, en la impunidad.

Recientemente, junto con las elecciones presidenciales en las que resultó ganador el binomio propuesto por nuestro movimiento, también obtuvimos una victoria de trascendencia para la región y el mundo entero en la consulta popular sobre paraísos fiscales, que coloca al Ecuador a la vanguardia en la lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos, al atacar uno de sus engranajes fundamentales: la posibilidad de éstos de esconder fortunas malhabidas en esas oscuras guaridas financieras.

Lo que es injusto, miope y suicida es, en cambio, enlodar el sentido de una política pública, descalificando la obra entera de un gobierno y desacreditando en bloque un proceso histórico y al conjunto de sus protagonistas por unos hechos o por unos cuantos funcionarios corruptos que deberán merecer la condena absoluta y sin reservas de la militancia, la ciudadanía y la Justicia.

Los funcionarios que traicionaron a la ciudadanía y al proyecto político que les dio su confianza, que se aprovecharon de su posición para enriquecerse cometiendo ilícitos absolutamente reñidos con la ética pública y los deberes que se derivan de sus cargos, deberán ir a la cárcel y mantenerse para siempre alejados del servicio público.

Si se considera necesario ir a un proceso de consulta popular para contribuir a profundizar la lucha contra la corrupción o mejorar cualquier otro aspecto de la realidad política, ahí estaremos junto a la ciudadanía, junto a las grandes mayorías sociales cuyos derechos la Revolución Ciudadana vino a reparar y expandir. Siempre hemos creído en el veredicto ciudadano como una instancia inapelable y fundamental de la democracia. Pero si a lo que apuntan es a “bajarse” los logros de estos diez años junto a sus nuevos compinches de la derecha, junto a lo peor de la vieja política nacional, camuflándose bajo falsos ropajes éticos de cruzados de la transparencia y la honestidad, entonces, ¡sincérense! En ese caso, vayamos a una Asamblea Constituyente y volvamos a discutir en serio qué proyecto de país queremos: si el proyecto histórico de la Revolución Ciudadana que ganó el 2 de abril o el de los grupos de poder tradicionales que fueron derrotados, pero que por alguna misteriosa razón fueron escogidos como interlocutores privilegiados en estos primeros meses de la nueva gestión.    

Nosotros, como movimiento, como la fuerza política más importante del presente y de la historia reciente del Ecuador estaremos donde siempre hemos estado, levantando las mismas banderas, impulsando los mismos ideales y fortaleciendo el polo de las fuerzas populares, progresistas, latinoamericanistas y de izquierda. Nuestro proyecto político es mucho más que un gobierno, lo trasciende. A los oportunistas que usaron a Alianza PAIS como plataforma para luego sacrificar y entregar un proyecto colectivo a sus enemigos, les espera el olvido y la indiferencia. La Revolución Ciudadana seguirá haciendo historia y será recordada gracias a sus verdaderos militantes que seguirán construyendo junto a las grandes mayorías sociales un Ecuador de soberanía y justicia social, donde el único mandante siga siendo el Pueblo.

Apenas transcurridos los primeros 100 días del nuevo gobierno constatamos una nueva configuración del escenario político cuyos contornos y ejes predominantes responden a una agenda construida sistemáticamente por la prensa hegemónica a fuerza de la reiteración de los lugares comunes del “anticorreísmo”.

Los contendidos de este nuevo / viejo “consenso poscorreísta” no son nuevos. La novedad radica en el hecho sorprendente de que la comunicación gubernamental se ha sumado, con mayor afán que la propia prensa corporativa, a la tarea de construir esa matriz de opinión.

La sorpresa, la novedad, la ruptura frente a lo previsible puede ser un recurso necesario para marcar iniciativa política, para oxigenar, renovar y alterar el escenario en beneficio de un proyecto político. Sin embargo, como hemos visto, pronto puede convertirse en una sucesión de acciones y gestos repetidos hasta el cansancio, previsibles, dirigidos todos hacia un mismo fin, cada vez más inocultable: deshacerse de un legado y de una pertenencia, reinventarse por fuera (e incluso en contra) del proyecto ganador el 2 de abril.

¿Quiénes son los “genios” que le aconsejaron al presidente Lenín Moreno, con el pretexto de asentar su autoridad y de marcar su propio “estilo”, apuntar sus dardos de manera casi diaria a la obra de la Revolución Ciudadana y a la persona del expresidente?

Estos meses han estado sembrados de gestos y anuncios presentados de manera rimbombante y que, lejos de comunicarse como detalles o matices frente a la administración anterior, pretenden ser su reverso. La lista es larga y no voy a hacer aquí el recuento, pero cualquiera que sea el anuncio que nos venga a la memoria, no nos será difícil reconocer un denominador común: ya sea que tomemos como ejemplo nimiedades como la propuesta de venta del avión presidencial, o cuestiones más de fondo, como el diagnóstico gubernamental de la situación económica, o el “nuevo” discurso en relación a la prensa hegemónica y la designación de Larenas al frente de El Telégrafo, veremos que el mensaje del Gobierno calza a la perfección con el ánimo anticorreísta y el relato opositor de todos estos años.

Es como si el equipo más cercano a la toma de decisiones en Carondelet estuviese motivado por un solo objetivo: desmontar el “correísmo” y la Revolución Ciudadana desconociendo el núcleo de su identidad como proyecto y atacando cotidianamente la autoridad simbólica y política de su líder histórico.

Ante esto, casi desde el inicio del nuevo gobierno, como militantes de una causa política con contornos ideológicos precisos, éramos cada vez más los que nos preguntamos si todo esto no era ya demasiado; si esta prédica sistemática, tanto explícita como implícita, contra las líneas maestras del proyecto político que gobernó los últimos 10 años y que volvió a vencer el 2 de abril pasado no era, en cambio, mucho más que un error táctico del gobierno, toda una confesión pública de sus intenciones.

Cuando los anuncios de un gobierno que se presume heredero y continuador de un proyecto popular y progresista producen, apenas asumido, alegría y satisfacción revanchista en sus opositores, de manera casi diaria, estamos ante un gravísimo problema, que afecta la base misma de la democracia. Porque, o bien el gobierno en cuestión equivoca su estrategia empoderando involuntariamente a los adversarios históricos del proyecto político del que proviene, o bien directamente ha adoptado la agenda de sus antagonistas derrotados en las urnas, con el fraude a la voluntad popular que eso supone.

Y así, en este nuevo / viejo país con el que amanecemos cada día vemos el retorno de prácticas contra las cuales combatimos durante más de una década, alcanzando importantes logros institucionales y políticos. Vemos también a viejos actores de lo más rancio y conservador de nuestra sociedad “empoderados, envalentonados y soberbios”, como los describía en mi artículo anterior, que vuelven a sentirse dueños de la opinión pública.

En este nuevo contexto, asistimos hace poco a la resurrección de un lenguaje propio de la Guerra Fría en boca del sector más arcaico e impopular de la jerarquía de la Iglesia católica que, sin el menor apego a la verdad, hablaba de “partido único”, con un mensaje casi de excomunión a los protagonistas de la Revolución Ciudadana. Por alguna extraña razón, los vemos empoderados, casi en rebeldía contra la laicidad del Estado que en el fondo nunca quisieron aceptar y alzando el dedo acusador no contra las élites económicas y financieras que quebraron el país y provocaron durante décadas la miseria y la pobreza de millones de ecuatorianas y ecuatorianos, sino exclusivamente contra nosotros, contra Rafael Correa y los cientos de miles de militantes comprometidos con un proyecto político humanista, de ruptura frente al paradigma neoliberal y de construcción de una sociedad justa y soberana.

“¿Cuántas cosas más que no lograron en las urnas se quieren bajar los derrotados del 2 de abril?”, preguntaba yo en aquel artículo. Pero entonces hablábamos de una oposición ensoberbecida que aprovechaba el llamado al “diálogo nacional” como plataforma de relanzamiento de sus agendas. Ahora, cuando vemos cada vez con mayor claridad cómo muchas iniciativas que parecen responder a esas agendas se originan en el mismo gobierno, la situación se revela muchísimo más grave.

Llegamos a escuchar a un ministro -advenedizo y oportunista- que tuvo la osadía y la arrogancia de solicitar la renuncia del vicepresidente, no por apego a ninguna clase de valor ético, sino porque evidentemente se sintió empoderado por ciertos sectores para profundizar la brecha existente entre nuestro Movimiento y el Gobierno con el solo fin de obtener algún beneficio político.

La lucha contra la corrupción ha sido y es consustancial a nuestro proyecto político. Para nosotros, detrás de un funcionario corrupto hay un interés particular, privado, que lesiona el bien común y debilita las potencialidades transformadoras de la política. Jamás la Revolución Ciudadana ha promovido la impunidad de los hechos de corrupción que caracterizaba al viejo país. Siempre lo dijimos: en el momento en que se demuestre la participación de un funcionario de nuestro movimiento en actos de corrupción, sin importar de qué nivel se trate, será inmediatamente apartado de nuestras filas por ética, por convicción política y por respeto a los miles de militantes honestos que se han jugado por este proyecto político.

Pero desde la comunicación gubernamental se pretende instalar una narrativa anticorrupción desmemoriada que reproduce punto por punto las líneas trazadas por el discurso opositor, ante la cual no podemos permanecer ingenuos ni dejar sin responder el golpe bajo que pretende echar un manto de sospecha generalizada sobre la Revolución Ciudadana, de la mano de la resurrección de viejos actores políticos ligados a la corrupción orgánica y el saqueo del Estado.

Narrativa desmemoriada, digo, porque olvida o ignora convenientemente todos los esfuerzos y logros alcanzados en la última década por nuestro gobierno para establecer controles y ponerle fin a una corrupción institucionalizada que campeaba en los sectores público y privado, y con la que se topaba cada ecuatoriano en su vida cotidiana, a la hora de realizar los más simples trámites o de acceder a derechos básicos en un Estado secuestrado por verdaderas mafias.

Y como si todo esto fuese poco, como si no bastara esta operación meticulosa de ataque sistemático al legado y la proyección política de la Revolución Ciudadana, se ha hablado por allí de la necesidad de una consulta popular que permita al nuevo gobierno ganar mayor legitimidad. Y es cierto, el mecanismo de consulta popular es un instrumento que fortalece y extiende la democracia y puede resultar, como lo ha sido ya en la historia de nuestro proyecto político, una importante herramienta de impulso a sus batallas. Pero en cuanto leemos los que serían los contenidos potenciales de esa consulta, como echar abajo la mal llamada “reelección indefinida”, la enmienda de ampliación democrática que aprobamos en apego a la Constitución y las leyes y tras un amplio proceso de socialización, constatamos, una vez más, lo que hay detrás: otro ataque simbólico al corazón de un Movimiento y de un proceso histórico.

¿Por qué, tan alegremente, se impulsaría este retroceso en derechos de participación política y en derechos de la ciudadanía a elegir su gobierno? Para nosotros, el único mandante es el pueblo y, con este principio, dimos en su momento las discusiones que había que dar en un escenario marcado por las amenazas de los promotores de la intolerancia y el odio.

Entonces, cuando discutíamos la transitoria, fui clara al manifestar que la coyuntura nacional y regional requería el liderazgo del compañero Rafael Correa para un nuevo periodo y que era él la persona más indicada para garantizar la continuidad y coherencia del proyecto político de la Revolución Ciudadana (http://www.gabrielarivadeneira.com/breve-reflexion-sobre-la-posible-transitoria-y-la-postulacion-del-presidente-correa/ y http://www.gabrielarivadeneira.com/disposicion-transitoria-y-compromiso-permanente/). Pero me allané, como correspondía, a la disciplina partidaria y voté, junto con mi bloque, la disposición transitoria que dejó sin efecto la posibilidad de reelección del entonces Presidente.

Con todo, enfrentamos y salimos victoriosos frente a lo peor de la política ecuatoriana, la derecha violenta y minoritaria de los “banderas negras”, frente a la gran prensa concentrada y mercantilista, con sus opinólogos y pronosticadores del “fin de ciclo”. Y ahora resulta que, tras tanto esfuerzo, entrega y pasión, ¿vamos a restablecer, una por una, en el centro de la escena, las demandas de la derecha que derrotamos en las urnas?

Enfrentamos con dignidad, inteligencia y compromiso militante la doble operación en marcha contra la Revolución Ciudadana que busca desnaturalizarla y agraviarla. La peor amenaza que podríamos sufrir ahora mismo es la de la “elección indefinida”. Es hora de definiciones. Porque la verdadera opción no fue nunca monólogo versus diálogo, como interesadamente pretendieron algunos; la verdadera opción fue y es la de siempre: diálogo sincero con la ciudadanía, con nuestras bases sociales, con los trabajadores, comerciantes, pescadores, agricultores, jóvenes, mujeres, pueblos y nacionalidades; diálogo honesto, coherente con nuestros principios y valores, versus el “diálogo” que celebra el establishment, que no es más que un palabra bonita para denominar a la vieja componenda con los factores de poder.

Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y coherentes con el proyecto político al que nos debemos. No vamos a permitir que en nombre de la Revolución Ciudadana se desmonten sus cimientos ni se enturbien sus horizontes. No vamos a renunciar, por nada del mundo, a nuestra esencia. Seguiremos actuando y debatiendo los grandes temas nacionales desde la perspectiva ideológica que nos define: alfarista, de izquierda, popular, progresista y latinoamericanista. Con gobierno o sin gobierno, de la mano de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, ¡vamos a seguir haciendo historia! ¡A defender la democracia y la voluntad popular! ¡Vamos a construir, entre todos, resistencia ciudadana a la restauración conservadora!

El diálogo político con sectores de oposición debe ser eso: diálogo con sectores de oposición. No para que dejen de serlo, no para que su agenda se convierta en la nuestra. No para que se consagren victoriosos los intereses que la Revolución Ciudadana y el pueblo ecuatoriano lograron derrotar el 2 de abril.

Cuando un proyecto popular y progresista victorioso como el nuestro se dispone a dialogar con representantes de partidos y cámaras empresariales que han sido los adversarios históricos, los antagonistas por excelencia de su proyecto nacional, debe hacerlo con claridad de objetivos políticos, para alcanzar de mejor manera sus objetivos estratégicos. No para diluir sus contornos, no para renunciar a su razón de ser. Porque la Revolución Ciudadana nunca fue ni será el proyecto político que exprese esos intereses y no debe, bajo ningún pretexto, ensoberbecerlos, envalentonarlos, ni empoderarlos.

Con sorpresa, vemos cómo, con qué soberbia, desconociendo la voluntad popular y aprovechando la plataforma del “diálogo nacional”, esos sectores comienzan a expresarse casi como si fuesen a cogobernar. Como si hubiesen encontrado en la amplia convocatoria de nuestro gobierno el modo de ganar lo que no pudieron ganar en las urnas. ¿Cómo –me pregunto– la Revolución Ciudadana podría cometer el error de ceder terreno en aristas fundamentales al polo de poder tradicional, cuya herencia de pobreza, desigualdad, exclusión y entrega tanto nos ha costado superar estos años?

Por eso señalamos, con preocupación, los contornos que el diálogo nacional, a nuestro criterio, como Movimiento político, debe tener. El diálogo debe ser, ante todo, una herramienta para fortalecer el proyecto político y debe tener como base, principalmente, un profundo diálogo interno y con nuestros aliados y potenciales aliados. Debe hacer foco en la ciudadanía, mas no en los poderes fácticos y corporativos.

Se entiende que, en un contexto de derrota, un proyecto político se vea obligado a realizar concesiones, a retroceder en su agenda, a establecer alianzas, incluso, con sectores que no comparten sus mismos horizontes. Pero eso no se entiende cuando un proyecto político es convalidado en las urnas, cuando obtiene un nuevo triunfo al cabo de 10 años de transformaciones profundas y luego de superar dificultades importantes. ¡No se entiende!

Asistimos atónitos a un nombramiento que hiere en lo profundo una lucha emblemática de nuestro proyecto político. Porque poner al frente de El Telégrafo a un personaje que proviene del entramado comunicacional hegemónico, esa matriz brutalmente antidemocrática contra la que hemos batallado todos estos años en pos de una comunicación más democrática, es como poner al zorro a cuidar al gallinero o, dicho en clave más ovejuna, poner al lobo a cuidar a las ovejas.

Ahora quieren esos sectores “eliminar” la ley de Plusvalía, que nos costó tanto esfuerzo sostener frente a la derecha violenta y minoritaria de los “bandera negra”. Una medida necesaria para enfrentar la especulación inmobiliaria y absolutamente coherente con el espíritu de nuestro proyecto político: construir equidad y justicia social.

Quieren también “derogar” la Ley de Comunicación. ¿Qué más quieren derogar?  ¿Cuántas cosas más que no lograron en las urnas se quieren bajar los derrotados del 2 de abril? Lo sabemos: quieren borrarnos de la historia, quieren borrar todo el legado de la Revolución Ciudadana.

Señores: ¡Permiso! Ganamos las elecciones, nuestro plan de gobierno venció a la propuesta del banquero Lasso. ¡Aquí hay un Movimiento firme y decidido a defender la victoria popular!

Discúlpenme, pero yo no entré a la política para caerle bien a todo el mundo. Creo que nadie que haya abrazado la causa de la izquierda, nadie que se haya sentido honestamente conmovido y convocado por la Revolución Ciudadana pensó jamás que sería aplaudido a diestra y siniestra. Errores, cometimos, seguro, pero ¡tomamos partido! Porque eso es hacer política. Lo demás, estar bien con Dios y con el Diablo, es camuflar los intereses para los cuales, de buena o de mala fe, consciente o inconscientemente, se trabaja.

No será en nuestro nombre, no será en nombre de la Revolución Ciudadana que las agendas, los intereses, las visiones y hasta los nombres mismos de la vieja y caduca partidocracia neoliberal regresen, contra la voluntad popular, a dictar el rumbo de la política ecuatoriana.

Es una consigna que repetimos siempre. Sin embargo, vuelve a sorprendernos su actualidad cuando nos encontramos en otros países de la Patria Grande. Apenas puestos los pies en Montevideo, nos topamos con un escenario conocido: el gobierno del Frente Amplio, la coalición de fuerzas de izquierda y progresistas que viene conduciendo al Uruguay desde 2005, es hostigado en el Congreso por una derecha que enarbola de manera hipócrita, sin sustento y con clara intencionalidad política la bandera anticorrupción.

Del acoso no se salva ni Pepe Mujica, emblema de honestidad y compromiso ético en la región y en el mundo. Y, como en todos nuestros países, al igual que en Brasil y Argentina, de la misma manera que en el Ecuador, la campaña de desprestigio es llevada adelante por un entramado que reúne a la prensa concentrada y a las viejas élites políticas y económicas. Se trata de un asedio mediático-judicial que apunta a los líderes del campo popular y progresista con el fin de inhabilitarlos y acabar con nuestros procesos, hiriendo sus perspectivas electorales.

El motivo de mi visita al Uruguay: la invitación a ser parte del Seminario “La Continentalidad de la lucha en el siglo XXI. El rol de las izquierdas” y a asistir al X Congreso del Movimiento de Participación Ciudadana, integrante del Frente Amplio y del cual Pepe Mujica es miembro fundador.

Conversando con compañeras y compañeros de países hermanos, es increíble constatar cómo en todas partes la derecha ha montado un escenario idéntico de judicialización de la política. Lo decía yo en septiembre del año pasado: el recurso es “despolitizar el debate, reducirlo a una multitud de querellas judiciales, para desprestigiar a quienes han representado y van a seguir representando una opción soberana y popular frente a la hegemonía de las élites, el gran capital y el eje del Norte” (“Ellos y nosotros: las contradicciones éticas fundamentales”, El Telégrafo, 27/09/2017).

Hablábamos entonces del “ataque concertado en el que los medios de comunicación hegemónicos asumen el lugar de oposición política de los procesos progresistas, allí donde esa oposición aparece fragmentada o debilitada, en un escenario en el que, en muchos de nuestros países, los aparatos judiciales operan también a partir de evidentes agendas políticas”.

Como lo afirmaba Emir Sader: “Decididamente la derecha abandona el terreno económico y político de la discusión y se desplaza al terreno judicial. Como no logra ganar en la arena democrática en casi ninguno de nuestros países “entonces busca la judicialización de la política, intentando sacar de la vida política a líderes populares de amplio apoyo en la sociedad.Intentan descalificar todo el proceso de inmensa democratización social que los países latinoamericanos gobernados por fuerzas progresistas y de izquierda han vivido en estos años”.

Sería ingenuo no ver en este asedio mediático-judicial constante a las figuras políticas emblemáticas del gran arco popular y progresista latinoamericano la mano de una derecha que, a nivel continental, opera a través de dos brazos primordiales: los aparatos judiciales y el poder mediático concentrado. Ambos tienden en toda la región a configurar entramados hiperpolitizados dirigidos al ejercicio de una labor constante de erosión de la credibilidad y la legitimidad de procesos y figuras. Porque, no nos engañemos: lo que está siendo judicializado por los poderes fácticos tradicionales es una política, es todo un ciclo de construcción política que desplazó en un conjunto de países de América Latina a las fuerzas tradicionales y a las élites económicas del manejo de lo público. Y este asedio sistemático ocurre en momentos en que se recomponen espacios y liderazgos fundamentales del progresismo: Lula en Brasil, Cristina en Argentina, con gran respaldo popular y enormes posibilidades de volver a conducir los destinos de sus pueblos.

Frente a esa agresión concertada, estamos obligados a cerrar filas en defensa de nuestros proyectos y de nuestros líderes. Esta es una tarea primordialmente de la militancia, de las bases de nuestros movimientos, que con conciencia y claridad política deben afrontar el desafío de no dejarse arrinconar en el plano defensivo, que es precisamente lo que busca esa arremetida de la derecha. Acorralarnos, ponernos a la defensiva, arrojarnos a un rincón oscuro, destituirnos de la dignidad de la palabra, para que desde ese escenario inapelable de sentencia mediática construido por ellos nos pongamos a justificarnos y a defendernos como podamos.

No es aceptando ese escenario que vamos a dar una lucha efectiva a la corrupción; no es dando plataforma a quienes hacen de la bandera anticorrupción un caballo de Troya que encierra a oscuros personajes ligados a la corrupción orgánica de las décadas de entrega neoliberal. Es, al contrario, con claridad de objetivos políticos, con fidelidad a la esencia de nuestros proyectos democratizadores, de defensa y expansión de lo público, que vamos a poder dar con éxito, entre otras batallas fundamentales, la batalla contra la corrupción.

El encuentro de Montevideo nos sirvió para reconocernos y reafirmarnos como parte de una lucha común, en la que nuestros movimientos y partidos de izquierda, en la que todas las fuerzas del campo popular, latinoamericanista y progresista tenemos que avanzar en un camino cada vez más fraterno y de unidad, con clara conciencia de los intereses sociales, económicos y geopolíticos que enfrentamos, sin renunciar jamás a nuestras banderas históricas y a nuestras batallas fundamentales por la soberanía, la integración y la justicia social.

Dos de los líderes de mayor estatura continental de la Patria Grande tuvieron a su cargo la apertura del Congreso. ¡Un lujo para todos los presentes! Rafael Correa, que recordó la centralidad de la batalla comunicacional que nuestros procesos no pueden abandonar si quieren avanzar hacia un Estado popular y hacia una democratización de las relaciones sociales en beneficio de las grandes mayorías, y el anfitrión, Pepe Mujica, que hizo una reivindicación de la política en su sentido más elevado y más auténtico.

Dejamos Montevideo con la convicción de que debemos fortalecer un frente progresista común latinoamericano, para el cual cada retroceso en un país es un retroceso en todos, y cada victoria es una victoria del conjunto.

Publicado en TeleSur:

http://www.telesurtv.net/bloggers/La-lucha-es-continental-20170628-0003.html

Resulta muy difícil resumir en unas pocas líneas un proceso histórico tan complejo e integral como el que hemos vivido en Ecuador. Los frutos que hoy se evalúan como inéditos en la región son producto de una transformación política radical que el pueblo ha labrado y cultivado desde las simientes, con el liderazgo infatigable del compañero Rafael Correa, que no ha dormido como se debe desde hace más de diez años, que ha recorrido el país como nunca antes ningún presidente, que ha posicionado el nombre del Ecuador en un pedestal internacional inédito en nuestra historia, y que deja como legado para las futuras generaciones nada menos que una Patria altiva y soberana.

Hace diez años, su voz clara y firme fue la voz de todo un pueblo que reclamaba y exigía la soberanía como derecho político inalienable. Y ese es tal vez el legado más importante de esta Revolución, porque así como las soberanías se diluían, también lo hacía el país.

El verbo recuperar fue la primera prioridad. Recuperamos el control de la base militar extranjera que se había injertado en el sagrado suelo de Manta, recuperamos la capacidad de planificación del Estado, recuperamos la capacidad de hacer inversión pública, recuperamos los legados de Alfaro, recuperamos la soberanía en el manejo de nuestra economía que dejó de obedecer a las necesidades del Banco Mundial para ponerse al servicio de la ciudadanía, recuperamos la soberanía de nuestros recursos naturales y renegociamos todos los contratos petroleros que ofendían los intereses del país, denunciamos los tramos de deuda externa que tuvieron orígenes ilegítimos o manejos de intereses reñidos con la ética y nos negamos a pagar esas cuotas extorsivas antes que la enorme deuda social que se acumuló por años en el país, así como en casi toda Latinoamérica. La soberanía geográfica, la soberanía alimentaria, la soberanía en el manejo de la política internacional, todas las soberanías tuvieron primero que recuperarse.

Y en ese despertar por supuesto que se levanta y se engrandece el sueño de la Patria Grande, con UNASUR y su sede en Ecuador y toda la región unida en unos años de intenso ejercicio de autodeterminación, que nos colocó ante el mundo como un actor político de importancia global e indispensable en el diálogo. Este legado de soberanía es la mayor amenaza para el eje del Norte y por eso es su principal objetivo político.

La democracia participativa y consolidada es otro legado innegable. Venimos de un proceso donde los presidentes duraban en promedio año y medio, donde las instituciones eran débiles o inexistentes y donde todo el espectro de lo público estaba captado por una élite económica que mantenía un staus quo fracturado entre la opulencia de unos pocos y la pobreza extendida de las grandes mayorías. Esta Revolución en Democracia, que ha sido ratificada más de diez veces en las urnas a lo largo de estos años, se caracteriza por un sostenido proceso de redistribución de la riqueza nacional y ha fundamentado su accionar en la construcción de una democracia que se extiende hacia la igualdad de derechos, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades. Se consolida la democracia cuando casi dos millones de ecuatorianos salen de los niveles estadísticos de pobreza, cuando más del 25% de los estudiantes universitarios son los primeros en su familia en acceder a estudios superiores y cuando tenemos una nueva generación de todos los colores y las diversidades, que ha crecido en pleno ejercicio de sus derechos y que no está dispuesta a negociarlos. Esa generación que camina hacia la sociedad de la equidad y el conocimiento es uno de los más preciados legados de esta década.

Como lo es también la conciencia de identidad y pertenencia que se suma a los derechos de todas las poblaciones y colectivos que acceden a tratos equitativos o de reparación de derechos. Son una realidad el respeto y el fomento de los idiomas kichwa y shuar así como de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, el reconocimiento a la presencia centenaria de los pueblos montubios y afros, la presencia pública de la interculturalidad, la política solidaria con las personas con discapacidad, los derechos políticos de los migrantes, los derechos democráticos de los jóvenes desde los 16 años, los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, la presencia de mujeres en altos cargos de decisión política, como por ejemplo en la Presidencia y las dos Vicepresidencias de la Asamblea Nacional en este período, todos estos, testimonio de conquistas políticas impensables antes de esta Revolución.

Además, el ECU 9-1-1, la mejor red vial de la región, el mayor desarrollo regional en energía y conectividad, la mayor inversión en nuestra historia en las áreas de educación, salud y seguridad integral, el fomento de las capacidades productivas, de la productividad sistémica, de la economía popular y solidaria, y un desempeño que ha duplicado el tamaño de nuestra economía en estos diez años, a pesar de las crisis externas que afectaron a toda la región, y con la complejidad añadida de un sistema dolarizado.

El legado es, en suma, una Patria soberana y altiva, que declara ante el mundo la supremacía de los Estados nacionales por encima de los mercados globalizados, y la supremacía absoluta del ser humano por encima del capital.

El futuro existe y no es una repetición de los siglos pasados, sino un territorio de ejercicio de derechos y escenario de nuevas rupturas políticas, y sólo ese legado es ya inconmensurable.

Solo podemos decir, por estos diez años y por toda una vida, gracias mashi Rafael.

No te defraudaremos, porque es el pueblo quien nos guía y es tu estatura ante la historia la que nos impulsa a ser mejores cada día.

 

Publicado en TeleSur:

http://www.telesurtv.net/bloggers/Ecuador-altivo-y-soberano-el-legado-de-Rafael-Correa-Delgado-20170524-0005.html

Hace 4 años llegamos a la Asamblea con el reto de trabajar junto a la ciudadanía para que su voz (más…)

Intervención de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano, en la sesión #450. Primer debate del Código Orgánico (más…)

El acto de Rendición de Cuentas, de mandato constitucional, se ha consolidado en estos años como una norma obligatoria en la Casa del Pueblo, y para mí ha sido un honor presentar los resultados de mi gestión en la Presidencia de la Asamblea Nacional, durante dos períodos consecutivos, desde mayo de 2013 hasta abril de 2017.

Para quienes cumplimos la ética del servicio público, este acto lleno de humildad y de responsabilidad ante nuestros mandantes, demuestra la gran diferencia de esta Asamblea con el antiguo Congreso que tantas veces desvirtuó el Salón del Pleno con leyes antipopulares, y tantas otras veces obstruyó el camino a la Constituyente que el pueblo exigía.

Fue Rafael Correa quien se presentó por primera vez como candidato sin lista de diputados y con el compromiso de convocar en Montecristi, tierra de Alfaro, a asambleístas constituyentes que fueran electos por el pueblo para elaborar un nuevo pacto social, fundamento de un país que aspira a una ampliación de sus horizontes democráticos y a una más justa distribución de la riqueza. Así nació esta Revolución, ordenada por el clamor del pueblo y con el liderazgo ferviente de un líder que cumplió y ha cumplido por diez años su palabra, como nunca antes en nuestra historia.

En estos años en la Asamblea, hemos llevado a Leyes y Códigos los principios y mandatos de esa Nueva Constitución, para entregarle al país leyes que no discriminan a nadie, que no le niegan sus derechos a nadie, que no dejan fuera a nadie, ni siquiera a los que se marcharon y que siempre extrañamos, porque esta Patria ya no tiene excluidos. Hemos trabajado con transparencia y con la misión de reparar injusticias históricas cometidas contra el ser humano en nombre del capital.

Estos últimos cuatro años han significado en la historia del país el ciclo más productivo de esta Función del Estado y, sobre todo, han consolidado el punto de quiebre, el viraje de las leyes y las políticas públicas a favor de las grandes mayorías.

Hemos cumplido ante la historia, la ciudadanía y el país, al cerrar el Ciclo Constituyente en este último período legislativo y entregar las leyes que fueron determinadas como imperativas en la propia Carta Magna.

Adicionalmente, cerramos este Período con más del 95% de cumplimiento del plan de trabajo programado y, además de ello, la Asamblea respondió a las coyunturas económicas y sociales que el país atravesó en estos años, discutiendo y aprobando leyes económicas urgentes y de atención a emergencias.

Las 65 leyes emanadas y reformadas por esta Asamblea en estos dos períodos han nacido de la necesidad de atender, garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía.

Y en cuanto a procedimientos, la Asamblea Nacional rompió el paradigma de encerrarse en sí misma, y las Comisiones se han trasladado a los territorios, para socializar las normas y fundamentalmente para cumplir con lo que es hoy una norma inquebrantable: la Consulta Prelegislativa para todas las leyes y códigos que puedan afectar derechos colectivos de pueblos y nacionalidades.

En todos los espacios interparlamentarios que hemos generado y a los que hemos acudido, llevamos las banderas de los derechos humanos, de las mujeres y de nuestro profundo compromiso integracionista, para afrontar junto a cientos de parlamentarios del mundo temas de género, ordenamiento territorial, movilidad humana, seguridad y paz.

La utopía de estos años en Ecuador ha sido la construcción de un país radicalmente distinto al que heredamos de siglos pasados. Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, sin permitir ningún retroceso, porque ese fue el mandato de Montecristi y esa es la sagrada y soberana voluntad del pueblo del Ecuador.

Terminamos este periodo con la satisfacción del deber cumplido y nos disponemos a comenzar el nuevo ciclo con entusiasmo y optimismo. A la ciudadanía, que ha consagrado en las urnas una nueva mayoría parlamentaria progresista, le reitero mi compromiso de vida a su servicio y a mis compañeros asambleístas electos, un llamado a trabajar con lealtad y en unidad, para conformar un bloque sólido y coherente que no defraude las expectativas de la sociedad, garantice gobernabilidad y sostenga el impulso transformador.

Hace algunas semanas, hablamos del balotaje de la elección presidencial en Ecuador como la gran oportunidad de señalar un “punto de quiebre” para el conjunto de América Latina.

A pesar de confiar en el trabajo realizado para una nueva victoria, no dejaba de preocuparnos el escenario complejo y marcado por retrocesos del campo progresista y por “sorpresas” que había signado a otros procesos electorales en la región: el avance de la derecha venezolana en las elecciones parlamentarias, el triunfo del NO en el plebiscito por la paz en Colombia, así como en la consulta por la reelección en Bolivia, la victoria ajustada de Mauricio Macri en Argentina y el golpe parlamentario en Brasil.

En ese contexto, éramos perfectamente conscientes de la dimensión regional que tenía nuestro proceso electoral.

A más de las dificultades económicas y el desgaste connatural a un ejercicio continuo de 10 años de gestión de gobierno, a más de la resistencia y oposición tenaces del entramado de poderes que nuestro proyecto político vino a desplazar para afirmar un horizonte democrático e igualitario para el país, enfrentábamos una lectura paralizante y desmovilizadora, repetida hasta el hartazgo en todo el continente y muchas veces tomada como cierta por sectores afines a nuestros proyectos: el discurso disfrazado de teoría que conocemos como “fin de ciclo progresista”.

Pero no nos dejamos caer en la modorra y el fatalismo, renovamos la apuesta por nuestras banderas históricas y, tomando nota de las experiencias de retroceso de proyectos hermanos, nos pusimos al frente de una campaña que planteó con claridad lo que estaba en juego en estas elecciones que es, ni más ni menos, lo que está en juego en todo el continente: la construcción democrática de los pueblos versus el régimen de las élites económicas y financieras.

Celebramos que el 2 de abril Ecuador no cayó en manos de esas élites. Celebramos que hemos vencido a una articulación poderosa de intereses empeñada en instalar desde la primera vuelta una narrativa pretendidamente épica -la del fraude- que acaba en farsa.

Con el reconocimiento universal de la victoria de Lenín Moreno por parte de los organismos internacionales, líderes políticos y gobiernos de la región, independientemente de su orientación, incluso de los representantes más prominentes de la derecha regional, culmina el espectáculo de empecinamiento y aislamiento del candidato banquero que no supo perder con dignidad.

La victoria de Lenín Moreno y la Revolución Ciudadana ya comienza a ser leída en la región como ese “punto de quiebre” del que hablábamos, como el punto de inflexión que anuncia la reversión de la tendencia que en los últimos dos años estuvo marcada por el avance de la restauración conservadora y neoliberal. Es una victoria que llega en un momento oportuno y que viene a darle un espaldarazo a la recomposición de las fuerzas populares y progresistas que van a dar la disputa en elecciones venideras en algunos de nuestros países.

Hacia adentro, en nuestro espacio político, pienso que, además de nuestro derecho a celebrar un triunfo que es histórico, nos debemos una lectura crítica, no complaciente, de estas elecciones. Ganamos en los distritos de mayor padrón electoral, a excepción de Pichincha: Guayas, Azuay y Manabí, pero no hemos obtenido resultados favorables en territorios donde éramos fuertes y donde se concentra mayoritariamente la población indígena y los movimientos sociales que fueron centrales en los años de resistencia al neoliberalismo.

Hoy esas regiones votaron por la derecha, y no cualquier derecha, sino la derecha más recalcitrante, lo cual, unido a otros síntomas de agotamiento e inercia, nos debe interrogar como fuerza política acerca de la relación gobierno- movimientos sociales, gobierno – comunidades, no sólo ni exclusivamente a partir de una lógica de gobernabilidad, sino desde una perspectiva política que la excede ampliamente, porque si no hay trabajo político, si se reduce el diálogo con esas bases y su protagonismo, las comunidades, pueblos y nacionalidades no actúan de manera monolítica y automática hacia la izquierda.

Y hablamos precisamente de sectores que se encuentran entre los más vulnerables frente a la amenaza real a las condiciones de vida de las grandes mayorías que representan los programas neoliberales.

El afán depredador de las élites capitalistas se constata en las cifras recientes que nos arrojan Argentina, Brasil y México. En nuestro país, las propias condiciones anteriores a la Revolución Ciudadana no constituyen una realidad definitivamente superada ni absolutamente lejana, sino que son una realidad latente que está allí, amenazante, y que puede regresar.

El Estado posneoliberal, el Estado recuperado de la Revolución Ciudadana, lo que ha hecho es equilibrar un poco la balanza. Pero tenemos un largo camino por recorrer hacia la justicia social y debemos hacerlo no únicamente “desde arriba”, sino desde la base, construyendo con ella organización y sentido. Tenemos que saber leer estos resultados en todas sus dimensiones, para poder ir más allá de nuestro electorado, para llegar a ese que también es potencialmente “nuestro” pero está descontento.

Se abre para nosotros, como espacio político, una gran oportunidad, la que todo nuevo comienzo implica. Pero no empezamos de cero, tenemos una historia detrás, un recorrido con luces y sombras, con aciertos y con errores, de los que tenemos que aprender.

Esta segunda etapa del ciclo progresista que iniciamos en Ecuador hace 10 años bajo el liderazgo de Rafael Correa y que ahora vamos a continuar con el Presidente Lenín Moreno debe, además de formular una lectura crítica de su recorrido, regresar la mirada a sus orígenes, no para la evocación nostálgica ni para las efemérides, sino para volver a cobrar impulso transformador.

Bienvenida, entonces, esta victoria que es una gran oportunidad y una esperanza para nosotros en Ecuador y para el conjunto del campo popular y progresista de Nuestra América.

Publicado en Telesur

17 de marzo del 2017

Gabriela Rivadeneira

Presidenta
Asamblea Nacional del Ecuador

En la Asamblea Nacional, acabamos de aprobar una Ley Orgánica para reparar los derechos de miles de ciudadanos que, después de 18 años, todavía sufrían las funestas consecuencias del feriado bancario del año ‘99, que tantas pérdidas y tragedias provocó.

Es nuestra obligación como legisladores cerrar definitivamente este capítulo corrupto de nuestra historia, y también lo es garantizar que no se repita nunca más.

Porque cuando hablamos de la banca cerrada, debemos saber que el feriado no se originó por una crisis internacional o por la baja en el precio del petróleo, sino que fue producto de una alianza corrupta entre el poder financiero especulativo y el poder político, con la triste complicidad del viejo Congreso, para socializar las pérdidas de la banca y hacer que todos pagáramos sus malos manejos. Fueron los diputados de la derecha, junto a la Asociación de Bancos Privados y en alianza con los grandes poderes mediáticos y económicos, los que paso por paso tejieron una red doble, por un lado para atrapar los ahorros y los sueños de las familias ecuatorianas, y por otro lado, para caer bien parados ellos y con los bolsillos muy llenos.

Fue mediante leyes que se estableció la desregularización del sistema financiero para que los bancos “cuidaran” de los depósitos ciudadanos sin control alguno; se aprobó que el Banco Central entregara préstamos millonarios para darle liquidez a los bancos privados que manejaban mal sus finanzas; y se garantizó mediante una ley la cobertura sin límite. Estas leyes marcaron el camino para que fuera un gran negocio en el país quebrar un banco, o mejor aún varios, porque pagábamos los ciudadanos, de manera directa con el feriado bancario, o de manera indirecta a través del Estado.

Y así los ecuatorianos nos encontramos con un país que, de la noche a la mañana, había perdido casi todo su capital público y los ahorros familiares de cientos de miles de compatriotas, porque banqueros y diputados corruptos apostaron con plata ajena a una ruleta arreglada y ganaron.

La quiebra y el feriado bancario, no se pueden contar en millones de sucres o dólares. No fue únicamente dinero o intereses, fueron millones de vidas las damnificadas de una u otra manera, porque entonces vivimos realmente una guerra económica, que dejó devastado al país.

Si alguna época ejemplifica cómo se aplican las políticas neoliberales que favorecen NO al ser humano sino exclusivamente al capital, es la de la quiebra del ´99, que le costó al país más de 20.000 millones de dólares.

En circunstancias tan claras como ésta, es que nos vemos tal cual somos.

Porque no podemos olvidar que el feriado tuvo claros beneficiarios, tanto en lo político como en lo económico. Luego de la quiebra bancaria, los bancos que sobrevivieron al naufragio quedaron con capitales fortalecidos y hasta con nuevos bancos fuera del país, mientras las familias quedaron estafadas. Y luego de 18 años, algunos de esos rostros siguen dedicados a la política sirviendo a los mismos amos, dispuestos a firmar y votar por todo lo que beneficie al capital especulativo y a sus bolsillos.

Pero en esta Asamblea ya no son los poderes financieros especulativos los que tienen la palabra, sino la ciudadanía, que se acercó a explicarnos los problemas que persistían, con la certeza de que acudían ante sus representantes y no ante los agiotistas. Y cumplimos como siempre, ante las demandas del pueblo.

Y a los representantes de esa banca corrupta y a los políticos de su yunta, les decimos que no vamos a olvidar sus actos, mucho menos ahora, que el pueblo soberano y digno del Ecuador le ha dicho NO a los paraísos fiscales adonde fueron a parar los dineros que nos robaron. Una vez más un país pequeño, pero de corazón enorme, le enseña al mundo que es posible un cambio, que el capitalismo salvaje no es una opción ni para la humanidad ni para el planeta.

En estas semanas vamos a aprobar la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017. Desde ahora en Ecuador, si alguien quiere ser servidor público o ejercer un cargo de designación popular, debe renunciar a sus cuentas en paraísos fiscales, demostrarle al país que quiere servir al pueblo y no servirse de los dineros del pueblo.

Y ahí otra vez el pueblo verá quién es quién. ¡Nunca más evasores en la función pública! ¡Nunca más candidatos que fugan capitales a guaridas de la corrupción!